La Constitución Española en su artículo 27, reconoce el derecho a la educación junto a la libertad de enseñanza, sin primar un tipo de escuela sobre otra, según la interpretación dada por nuestra jurisprudencia. Por ello, entre otras muchas razones, a mi juicio, no se debe obligar a cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía por su carácter adoctrinador e ideológico de esta disciplina como, también, reconoce la justicia andaluza.
Contrariamente a lo previsto en el artículo 27 de la Constitución Española (párrafos primero y tercero), y mediante un razonamiento ilógico, del párrafo segundo de ese artículo, el Gobierno, a través de Educación para la Ciudadanía pretende imponer su ideología irrumpiendo así en un espacio que no le corresponde.
Deberíamos enseñar a los jóvenes, como ha puesto de manifiesto la doctora Chaparro, el acuerdo de posturas profundamente antagónicas que se sacrificaron, durante la Transición Española, para obtener un resultado conveniente para toda la sociedad. Este encuentro de ideologías divergentes quedó fielmente reflejado en las palabras que pronunció el portavoz del Grupo de UCD, el granadino don Antonio Jiménez Blanco, en la última sesión dedicada al tema por el Pleno del Senado: "Entre ayer y hoy, queridos amigos de la Cámara, estamos enterrando, casi sin darnos cuenta tres problemas del constitucionalismo español". Se refería a los clásicos antagonismos: clericalismo-anticlericalismo; monarquía-república y enseñanza laica-enseñanza religiosa.
No es inoportuno en este sentido traer a colación el recordatorio que el profesor Alzaga hizo en el Congreso de las palabras de Miterrand: "hoy para cambiar la sociedad no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela". ¿Es lo que están intentando algunas autoridades?
Acabemos, de una vez por todas, para que el derecho de las familias a la educación de sus hijos no tenga siempre el mismo enemigo: el adoctrinamiento ideológico.
(Fuente: Antonio García-Berbel M estrelladigital.com)
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